Por Altagracia Paulino
En el año 2014, Greenpeace, advirtió que para el 2050 habría más plásticos que peces en los océanos; la afirmación partió de la observación de la isla de plástico en el Pacífico norte. En el 2016, el Foro Económico Mundial, llamó la atención sobre el tema.
Desde entonces he escrito numerosas entregas sobre este tópico. La perseverancia tiene el potencial de darnos la razón. En los días de lluvias intensas, las imágenes volvieron a estremecernos: ríos convertidos en vertederos flotantes, cañadas desbordadas de fundas, foam y botellas, playas cubiertas de residuos plásticos. Y, como siempre, la reacción inmediata fue buscar un culpable fácil: el consumidor. Esa explicación no resiste un análisis serio.
He insistido en que el problema del plástico de un solo uso no puede seguir colocándose exclusivamente sobre los hombros de la ciudadanía. Nadie niega que cada persona tiene deberes frente al ambiente, pero convertir al consumidor en el único responsable del desastre es ignorar las causas reales del problema.
La contaminación por plástico es resultado de políticas públicas débiles, de falta de voluntad política internacional y nacional, y de la enorme presión de sectores económicos que han logrado retrasar decisiones urgentes para proteger la vida y los ecosistemas.
Dimos un paso importante cuando, en 2020, se aprobó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esa legislación abrió el camino para desmontar gradualmente los plásticos de un solo uso y los envases de foam. Fue una señal alineada con las advertencias científicas y con los compromisos ambientales discutidos durante años.
No obstante, los intereses económicos volvieron a imponerse. Los fabricantes y sectores vinculados a la industria del plástico lograron interferir el proceso y obtener nuevos plazos mediante modificaciones legales que debilitaron el espíritu original de la norma. Mientras se discutían prórrogas y flexibilidades, los ríos seguían recibiendo toneladas de desechos y el país seguía retrasando decisiones impostergables.
Las lluvias de abril dejaron de nuevo al descubierto una realidad dolorosa: toneladas de plástico atrapadas en cañadas, drenajes colapsados, costas contaminadas y comunidades vulnerables expuestas a inundaciones agravadas por residuos que nunca debieron llegar allí. El daño no desaparece, se acumula y regresa con cada aguacero.
¿Puede alguien afirmar seriamente que todo esto es únicamente culpa del consumidor?
El ciudadano compra lo que el mercado produce, distribuye y promueve masivamente. Durante décadas se incentivó el consumo de productos desechables sin construir, al mismo tiempo, sistemas de reciclaje, recolección diferenciada, responsabilidad extendida del productor ni educación ambiental sostenida. Se permitió que el plástico barato inundara cada actividad comercial mientras el Estado permanecía débil frente a la presión industrial.
El país necesita políticas públicas firmes, cronogramas que se cumplan, incentivos para materiales alternativos, responsabilidad obligatoria para fabricantes e importadores y una transformación cultural que no recaiga únicamente sobre el consumidor.
La naturaleza está hablando con fuerza. Las lluvias, las inundaciones y la contaminación visible son advertencias serias.
El plástico de un solo uso no puede continuar siendo tratado como un tema secundario ni como responsabilidad exclusiva del consumidor. La responsabilidad es colectiva, pero el mayor deber recae sobre quienes diseñan políticas públicas y sobre quienes obtienen ganancias de una producción que deja enormes costos ambientales y sociales.
Si no enfrentamos el problema, seguiremos culpando a las víctimas mientras el desastre continúa por la desidia de los verdaderos responsables.
