El glifosato y el tabaco (incluidos los vapes aromatizados) aparecen en las acusaciones de Calley Means contra la influencia corporativa en la administración Trump, especialmente a través de lobistas como Brian Ballard y de figuras cercanas como Susie Wiles. Means, vinculado al movimiento MAHA (Make America Healthy Again), sostiene que estas industrias priorizaron sus intereses por encima de las promesas de salud pública y la reducción de enfermedades crónicas.
Glifosato
El glifosato es el herbicida de amplio espectro más usado en el mundo, principio activo de productos como Roundup (de Bayer, tras la compra de Monsanto). Se emplea masivamente en la agricultura para controlar malezas, especialmente en cultivos genéticamente modificados resistentes a él (soja, maíz, algodón, etc.). También se aplica en precosecha como desecante en algunos cultivos (como la avena), lo que puede aumentar los residuos en los alimentos.
Controversia científica y regulatoria: En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, de la OMS) lo clasificó como “probablemente cancerígeno para humanos” (Grupo 2A), basándose en evidencia limitada en humanos (principalmente en linfoma no Hodgkin) y en evidencia suficiente en animales de laboratorio. Otras agencias, como la EPA de EE.UU., EFSA (Europa) y reguladores de varios países, han concluido en general que no es probable que sea cancerígeno cuando se usa según las etiquetas aprobadas, tras evaluar dosis de exposición reales. Hay desacuerdos sobre la calidad de los estudios, el papel de formulaciones completas (no solo el principio activo) y posibles efectos en el microbioma, el sistema endocrino o la genotoxicidad.
Se han presentado miles de demandas en EE.UU. alegando cáncer por la exposición al Roundup; Bayer ha pagado miles de millones en acuerdos, aunque sigue defendiendo la seguridad del producto. Hay residuos detectados en alimentos (especialmente en productos de avena) y en el cuerpo de muchas personas. Algunos grupos piden restricciones al uso de plaguicidas en la precosecha y límites de residuos más bajos, especialmente para proteger a los niños.
En el contexto político reciente (2025-2026): La administración Trump emitió una orden ejecutiva (alrededor de febrero de 2026) invocando la Ley de Producción de Defensa para asegurar el suministro doméstico de herbicidas a base de glifosato y de fósforo elemental (también utilizado en municiones), argumentando razones de seguridad nacional y de suministro agrícola. Esto generó una fuerte crítica por parte del movimiento MAHA, que veía el glifosato como un ejemplo de captura corporativa y de promesas incumplidas de limpiar el sistema alimentario. La EPA, en coordinación con HHS, está ampliando su revisión de seguridad (evaluación de riesgos para la salud humana y del potencial carcinogénico), con resultados esperados a finales de 2026 o a principios de 2027. También hubo apoyo de la administración en litigios ante la Corte Suprema que limitaron ciertas demandas estatales por falta de advertencias.
Ballard Partners (firma de Brian Ballard, recaudador importante de Trump y con vínculos previos con Wiles) registró actividad de lobbying para Bayer U.S. LLC sobre temas de “protección de cultivos” (herramientas agrícolas, sostenibilidad), incluyendo comunicaciones con la Casa Blanca durante el trimestre de la orden ejecutiva. Means destaca estos reportes de divulgación de lobbying para argumentar que existe una influencia directa.
Tabaco y productos de nicotina (vapes)
La industria del tabaco tiene una larga historia de lobby intensivo contra regulaciones estrictas (impuestos, advertencias, restricciones de marketing, prohibiciones de sabores). En la era reciente, el foco se ha desplazado hacia los cigarrillos electrónicos (vapes), los productos de nicotina calentada y los sabores afrutados, presentados a veces como “reducción de daños” respecto al tabaco de combustión, aunque criticados por atraer a jóvenes y mantener la adicción.
Alegaciones en el contexto actual: Means y otros del entorno MAHA acusan a la industria de ejercer presión (incluyendo a través de Ballard y contactos cercanos a la administración) para facilitar la aprobación o la vía regulatoria de vapes con sabores afrutados, a pesar de las objeciones de funcionarios de salud. Se mencionan reuniones con ejecutivos de la industria del tabaco, donaciones a entidades vinculadas a Trump y presión sobre HHS y FDA. Hay reportes de que la industria del tabaco y los vapes gastó millones en lobbying y contribuciones, y de cambios de política que beneficiaron a estos productos. Ballard Partners ha negado haber cabildeado específicamente ante Wiles o el personal de la Casa Blanca sobre glifosato o ciertos temas relacionados con los vapes, aunque los reportes muestran actividad de cabildeo.
La industria del tabaco mantiene amplias redes de lobbyistas a nivel federal y estatal, con gastos significativos, y ha sido criticada por interferir en las políticas de control del tabaco a nivel global.
Conexión con las acusaciones de Calley Means
Means (exasesor cercano a RFK Jr. en HHS) argumenta que un círculo de exlobbyistas y asesores priorizó el financiamiento de campañas (para midterms) y los intereses de industrias como la de pesticidas (Bayer/glifosato), tabaco/vapes, azúcar y alimentos ultraprocesados, en detrimento de la agenda MAHA de reducir las enfermedades crónicas mediante reformas en alimentación, pesticidas y adicciones. Cita reportes de lobbying, reuniones y órdenes ejecutivas como evidencia de “captura corporativa”. La otra parte niega coordinación indebida o influencia específica en esos términos y sostiene que las decisiones (como la del glifosato) responden a la seguridad del suministro agrícola y nacional.
En resumen, el glifosato ilustra el debate entre la seguridad alimentaria y la agricultura intensiva, y las preocupaciones sobre la salud a largo plazo y los residuos, mientras que el tabaco y los vapes reflejan la tensión clásica entre la industria, los ingresos fiscales y regulatorios y la salud pública (especialmente la de los jóvenes). Ambos son ejemplos que Means utiliza para criticar la influencia de K Street en las promesas populistas en materia de salud. Las revisiones científicas y regulatorias continúan, y las afirmaciones sobre la influencia política se basan en divulgaciones públicas de lobby, reportes de medios y testimonios contradictorios.
