Por Altagracia Paulino
Cuando era niña, observé que parte del trabajo de las mujeres era remendar, sobre todo, los pantalones de sus maridos y otras ropas de vestir que ameritaban otra oportunidad. El remiendo consistía en un parche que debía ser artísticamente adherido para que se notara lo menos posible. En la sociedad rural de mis primeros años era difícil que se botara una prenda de vestir por el hecho de estar rota en algún lado, contrario a la sociedad de hoy, donde se tira y se desecha casi todo.
Nuestras madres fueron pioneras en reciclar. Pegar parches resolvía problemas serios y hacerlo perfecto era un arte.
Traemos el tema porque la fórmula que ha presentado la administración para afrontar la crisis debe examinarse con lupa.
Cada vez que se anuncia un paquete de medidas para enfrentar una crisis económica, los consumidores dominicanos tenemos razones para preocuparnos. La experiencia histórica muestra que, aunque los ajustes se presentan como mecanismos para fortalecer las finanzas públicas o proteger la estabilidad económica, con frecuencia terminan traduciéndose en mayores costos para la población, a través de aumentos de precios, nuevas cargas tributarias o incrementos en las tarifas de servicios esenciales.
Las medidas anunciadas por el Gobierno no escapan a ese escrutinio. Aunque contienen iniciativas dirigidas a facilitar las operaciones de pequeñas empresas y mejorar la recaudación fiscal, persiste una interrogante fundamental: ¿Se está atacando realmente la raíz del problema o simplemente se están aplicando soluciones temporales cuyos costos terminarán trasladándose a los consumidores?
Durante años, distintos sectores han señalado las debilidades de la administración tributaria, los elevados niveles de evasión y elusión fiscal, así como la insuficiente capacidad del Estado para controlar prácticas que erosionan los ingresos públicos. Si estos problemas estructurales no se corrigen de manera efectiva, el resultado suele ser la búsqueda recurrente de nuevas fuentes de recursos o medidas de emergencia que, directa o indirectamente, afectan a la ciudadanía.
Los consumidores tienen derecho a preguntarse por qué, si existe consenso sobre la magnitud de la evasión fiscal, los esfuerzos para combatirla no producen resultados suficientes que eviten recurrir constantemente a ajustes que impactan el costo de la vida. También tienen derecho a exigir mayor transparencia sobre el uso de los recursos públicos y sobre la efectividad real de las medidas que se anuncian como soluciones.
Lo hemos expresado en otras entregas: la confianza se construye cuando las autoridades demuestran que los sacrificios se distribuyen de manera equitativa y que quienes incumplen sus obligaciones fiscales son efectivamente llamados a responder. De lo contrario, se fortalece la percepción de que los consumidores, los asalariados y los pequeños contribuyentes terminan cargando con una parte desproporcionada del peso de los ajustes.
En una economía donde los hogares ya enfrentan presiones derivadas del costo de los alimentos, la energía eléctrica, el transporte y otros bienes esenciales, cualquier medida pública debe evaluarse también por su impacto sobre el presupuesto familiar. La estabilidad fiscal es importante, pero no debe construirse a expensas del deterioro continuo del poder adquisitivo de la población.
Más que remiendos y parches coyunturales, el país necesita reformas que fortalezcan la transparencia, reduzcan la evasión, mejoren la eficiencia del gasto público y garanticen una distribución más justa de las cargas. Solo así será posible enfrentar las crisis sin que la factura termine, una vez más, en manos de los consumidores.
