Santo Domingo, República Dominicana. El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) manifestó su profunda preocupación por la aplicación de las contribuciones establecidas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que el esquema previsto para las micro, pequeñas y medianas empresas resulta desproporcionado y terminará trasladándose a los precios de los bienes y servicios que pagan los consumidores.
La organización precisó que la República Dominicana necesita una legislación que fortalezca la gestión de los residuos, fomente el reciclaje y proteja el medio ambiente. No obstante, estos objetivos deben alcanzarse respetando el principio universal de política ambiental de que «quien contamina paga», y no mediante contribuciones que se calculen sobre la capacidad económica de las empresas, sin considerar la cantidad real de residuos que producen.
Para ONPECO, resulta contrario a la equidad que una microempresa con escasa generación de desechos tenga que asumir cargas similares a las de actividades con un mayor impacto ambiental. Un sistema de esa naturaleza desvirtúa el espíritu de la ley y termina castigando a quienes menos contaminan.
Asimismo, la entidad advierte que las micro y pequeñas empresas carecen, en muchos casos, de la capacidad financiera para absorber nuevos costos. Como ocurre con cualquier incremento en los gastos de operación, esas cargas terminarán reflejándose en el precio final de los productos y servicios, afectando directamente a millones de consumidores que ya enfrentan el alto costo de la vida, la inflación y la incertidumbre económica derivada del conflicto en el Medio Oriente y del contexto internacional en general.
ONPECO considera que la protección del medio ambiente y la protección del consumidor son objetivos complementarios. Una política ambiental eficiente debe incentivar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, establecer responsabilidades diferenciadas según el nivel de contaminación y promover una verdadera economía circular, sin afectar injustamente a los sectores más vulnerables de la economía.
En ese sentido, la organización hace un llamado al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a los organismos responsables de la implementación de la ley para que revisen el mecanismo de cálculo de las contribuciones y establezcan criterios objetivos, proporcionales y transparentes, fundamentados en la cantidad y naturaleza de los residuos efectivamente generados.
La defensa del medio ambiente no puede convertirse en una nueva fuente de presión sobre las microempresas ni en otro factor de incremento del costo de vida. El país necesita normas eficaces, pero también justas, razonables y socialmente responsables.
ONPECO reitera su disposición a participar en un diálogo nacional que permita perfeccionar la aplicación de la ley, garantizando la sostenibilidad ambiental sin sacrificar la competitividad de las pequeñas empresas ni el derecho de los consumidores a acceder a bienes y servicios a precios justos.
