Por Altagracia Paulino
Mientras el país debate múltiples temas, dos iniciativas legislativas de trascendencia para la salud pública continúan esperando una decisión definitiva del Congreso: la Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) y la Ley de Alimentación y Nutrición Escolar.
Ambas tienen un objetivo común: proteger a la población, especialmente a la niñez y la adolescencia, de una alimentación que favorece enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
Ambas normas son instrumentos de política pública respaldados por organismos internacionales, sociedades científicas, expertos en nutrición y organizaciones de consumidores. Su aprobación ayudaría a garantizar derechos fundamentales como la salud, la información, la alimentación adecuada y la protección especial de la niñez.
El etiquetado frontal busca que los consumidores identifiquen rápidamente cuándo un producto contiene cantidades excesivas de azúcar, sodio, grasas saturadas u otros nutrientes críticos. La evidencia indica que estos sistemas ayudan a tomar decisiones más y mejor informadas al comprar alimentos.
La información nutricional aparece en letras pequeñas y formatos difíciles de interpretar. Muchas familias adquieren productos creyendo que son saludables cuando contienen niveles elevados de ingredientes que afectan la salud.
El derecho a la información no puede quedarse en una declaración. Para que exista libertad de elección, las personas deben conocer con claridad lo que consumen.
La Ley de Alimentación y Nutrición Escolar procura crear entornos escolares más saludables mediante restricciones a la venta y promoción de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en los centros educativos y sus alrededores. También promueve la educación alimentaria y nutricional como parte de la formación estudiantil.
La escuela no debe convertirse en un espacio donde la publicidad contradiga los conocimientos que maestros y familias intentan transmitir cada día a los estudiantes dominicanos.
Ningún esfuerzo educativo tendrá éxito si los niños reciben mensajes sobre alimentación saludable dentro del aula mientras, al salir, están rodeados de productos con exceso de azúcar, sodio y grasas.
Las autoridades educativas han demostrado que estas medidas dan resultados. La eliminación de néctares azucarados del Programa de Alimentación Escolar permitió reducir millones de libras de azúcar consumidas por los estudiantes. Otras acciones han disminuido el sodio en los menús escolares.
Estas experiencias muestran que las políticas preventivas funcionan, pero para sostener sus beneficios necesitan respaldo legal, una visión integral y voluntad política.
Las enfermedades crónicas no transmisibles representan uno de los mayores desafíos sanitarios y económicos de nuestro tiempo, en especial en el país, donde el 70 por ciento de las muertes están relacionadas con ellas.
Además del sufrimiento que generan, imponen elevados costos a las familias y al sistema de salud. Prevenir cuesta menos que tratar las consecuencias.
Preocupa que iniciativas tan relevantes permanezcan durante años engavetadas sin convertirse en leyes. Cada año de retraso significa más niños expuestos a ambientes alimentarios poco saludables y más consumidores comprando sin información clara.
El Congreso tiene ante sí una responsabilidad. Aprobar estas leyes no significa prohibir alimentos ni restringir libertades. Significa garantizar información veraz y crear condiciones para propiciar entornos saludables.
Se ha avanzado con programas para mejorar la alimentación escolar y promover buenos hábitos alimenticios. Falta ahora aprobar ambas leyes. Sería una señal clara de que el país coloca la salud de la población por encima de otros intereses. Proteger la salud es proteger derechos fundamentales y el desarrollo humano.
