POR ALTAGRACIA PAULINO
En la estrategia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -la que debe ser revisada por los estragos de la pandemia- figura el número 12 sobre producción y consumo sustentable, una propuesta abarcadora donde se incluye el turismo y otras actividades importantes para garantizar la seguridad alimentaria como puntal para el desarrollo.
La inflación que galopa en la espalda de los consumidores globales, sobre todo de los más pobres, ha implicado inseguridad alimentaria y un panorama sombrío. Desde el 2021 a la fecha la cifra de las personas que pasan hambre se ha incrementado y amenaza los programas de “Hambre Cero”, una de las metas de la agenda 20-30.
Según reveló el representante de la FAO en el país, 118 millones de personas se han sumado a los 650 millones que pasan hambre en el mundo, y en el país más de un millón de dominicanos se han agregado después de la pandemia.
Es loable la determinación del Gobierno por su preocupación ante el fenómeno que, obviamente, afecta a los más vulnerables; y apela a algo que tiene todo el derecho un gobernante, que no puede ni debe delegar la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Pero, ¿Lo más conveniente es apelar a las importaciones de productos alimenticios, cuando se ha dicho que el país produce el 85 por ciento de lo que consume?.
Tenemos una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que junto a los ODS propone la producción sustentable como para que nunca nos falte alimentos, entonces lo que hay que priorizar es proteger la producción nacional con tasa cero para incentivarla, así como liberar de impuestos los fertilizantes y las materias primas.
Somos una isla, amenazada actualmente por las repercusiones del conflicto ruso-ucraniano, de impacto global, lo que implica que podrían no llegar al país barcos ni aviones, entonces ¿Qué comeríamos?.
Hemos sido afectados por los problemas en la cadena de suministros, algo que debe ponernos a pensar seriamente si debemos depender de importaciones o de producir lo que necesitamos.
Otro detalle. Si el Gobierno se va a sacrificar por seis meses, liberando de aranceles algunos productos alimenticios, lo prudente es que a esos productos le fije el precio razonable que deben tener al llegar al consumidor, porque nadie garantizará que lleguen a precios justos. Está demostrado que el mercado no se autorregula, de modo que, si el Estado se sacrifica, con miras a proteger a sus ciudadanos mas vulnerables, debe velar que se cumpla con el objetivo.
Si no se fijan precios y se congelan como ocurre con los combustibles, de nada servirá el sacrificio; es importante que los legisladores realicen un mapeo entre los productores nacionales para determinar cuáles de los productos alimenticios no están en condiciones de suplirlos.
En todos los países del mundo los gobiernos subsidian a sus productores bajo el criterio de que no es saludable depender de las importaciones para solucionar las necesidades básicas de los ciudadanos.
La leche es uno de esos productos alimenticios que figuran liberados, pero esa leche es subsidiada por los gobiernos desde donde viene.
Lo ideal es proteger a los productores locales y que se elimine la cadena de intermediación para que ganemos todos, productores y consumidores, porque las importaciones se pagan en dólares. Tan sencillo como el sentido común.
