Añoro a los interlocutores válidos. Esos revestidos de la autoridad que legitimaban su accionar y aportaron a la paz social y al afianzamiento de la democracia. Vienen a la memoria don Rafel Herrera, el cardenal Nicolás López Rodríguez, Adriano Miguel Tejada, Radhamés Gómez Pepín, Agripino Núñez Collado, entre otros que contribuyeron a amortiguar crisis sociales, laborales y políticas.
Los tiempos y las circunstancias cambian. Quien no se adapta perece o se queda en medio del camino. Vivimos en una época en la que la notoriedad suele confundirse con autoridad, y la visibilidad con capacidad para influir en decisiones que afectan el presente y comprometen el futuro del país.
Las redes sociales democratizaron la palabra. Hoy cualquier ciudadano puede denunciar, cuestionar o defender una causa sin depender de los medios tradicionales. Esa conquista debe preservarse.
Pero democratizar la palabra no significa democratizar la autoridad. En nuestro país estamos cayendo en una confusión peligrosa: sustituimos a los interlocutores legítimos por los más populares. Y no siempre son los mismos.
Los seguidores no equivalen a conocimiento; los “me gusta” no sustituyen la experiencia; lo viral no convierte a nadie en representante del interés colectivo.
Cada vez más, dejamos que el algoritmo decida quién merece ser escuchado. Y el algoritmo no distingue entre verdad y mentira, rigor e improvisación, interés público e interés particular. Solo premia lo que genera más interacción. Y eso constituye un riesgo serio para la democracia.
Las sociedades como la nuestra necesitan interlocutores válidos: personas e instituciones cuya voz haya ganado credibilidad por su conocimiento, integridad, independencia, coherencia y compromiso con el bien común. No porque sean infalibles, sino porque han demostrado responsabilidad pública. Es como cuando se hacía referencia a “los hombres de palabras”
Un interlocutor válido no habla solo por sí mismo. Escucha, investiga, contrasta información y entiende la complejidad de los problemas. Su autoridad nace de la trayectoria y del servicio, no del número de reproducciones de un video.
Por eso, cuando un gobierno diseña políticas públicas, no puede escoger a sus interlocutores por el tamaño de su audiencia digital. Debe escuchar a universidades, centros de investigación, gremios profesionales, organizaciones de consumidores, asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones comunitarias y entidades de la sociedad civil.
En el caso de República Dominicana, el Consejo Económico y Social (CES), entidad establecida por la Constitución, debiera ser el organismo legítimo de consulta. Ninguna democracia seria puede sustituir la deliberación informada por el ruido digital.
Esto no significa desconocer el aporte de muchos creadores de contenido. Algunos investigan, denuncian y ayudan a formar una ciudadanía mejor informada. Son aliados valiosos de la transparencia y la participación. Pero la influencia no es lo mismo que la legitimidad.
La influencia puede lograrse rápido. La legitimidad se construye con años de trabajo, coherencia y responsabilidad.
La historia demuestra que las grandes decisiones nacionales siempre han requerido interlocutores capaces de representar intereses colectivos, construir consensos y aportar soluciones sustentadas en el conocimiento. Así se fortalecen las instituciones y se protege la democracia.
La República Dominicana necesita recuperar una cultura del diálogo en la que el mérito vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder. Una sociedad que deja de distinguir entre quien informa, quien entretiene y quien representa corre el riesgo de decidir por emoción y no por razón. La democracia necesita voces fuertes y confiables para definir el destino del país.
