Por Altagracia Paulino
Nuestro país enfrenta desde hace décadas una crisis en el manejo de los residuos sólidos. Vertederos a cielo abierto, ríos convertidos en depósitos de basura, plásticos invadiendo costas y cañadas, y municipios con dificultades para recoger la basura. No está en discusión la existencia del problema. Se necesitan soluciones urgentes.
Lo que sí merece un debate profundo es si las herramientas aprobadas responden al objetivo de proteger el medio ambiente o si terminan convertidas en una carga económica para quienes tienen menor responsabilidad en la generación de residuos.
El principio universal de la legislación ambiental es claro: quien contamina, paga. Es un criterio de justicia ambiental. Busca que quienes generan mayores impactos asuman el costo de prevenirlos, mitigarlos y repararlos
Pero cuando ese principio se aplica de manera uniforme, sin distinguir entre grandes contaminadores y pequeños negocios con baja generación de residuos, deja de ser una herramienta ambiental y parece recaudación.
Cuesta explicar por qué una pequeña empresa familiar, un colmado de barrio, una oficina profesional o un taller con desechos mínimos debe soportar cargas parecidas a las de empresas con procesos industriales complejos, alto volumen de empaques y una huella ambiental mayor.
Las MiPymes son parte central del tejido productivo nacional. Generan empleos, sostienen familias y mantienen viva la economía barrial. Imponerles obligaciones económicas desproporcionadas reduce su capacidad de crecer, formalizarse e invertir.
Toda carga adicional termina incorporándose al precio de los bienes y servicios. Al final, no paga únicamente el empresario. También paga el consumidor dominicano, golpeado por el costo de la vida.
Una legislación ambiental moderna debe incentivar la reducción de residuos, promover el reciclaje, fortalecer la economía circular y premiar las buenas prácticas empresariales. No debe limitarse a crear obligaciones económicas sin criterios claros de proporcionalidad, generación efectiva de residuos y capacidad económica.
Si queremos un país más limpio, hay que fortalecer la educación ambiental, ampliar la infraestructura de reciclaje, exigir mayor responsabilidad a los grandes generadores, combatir los vertidos ilegales y garantizar transparencia en el uso de los recursos recaudados. La ciudadanía debe saber cuánto se cobra, quién paga, cómo se administra el dinero y qué resultados se obtienen.
El éxito de la ley ambiental no será por la cantidad de dinero que recaude, sino por la cantidad de basura que logre evitar, reciclar o valorizar.
Proteger el medio ambiente no significa castigar de manera indiscriminada a quienes producen y generan empleo. Significa aplicar justicia ambiental con racionalidad, proporcionalidad y sentido de país.
Existen experiencias internacionales en el manejo de residuos que buscan responsabilidad sin trasladar cargas excesivas al consumidor. Alemania, España y Chile han desarrollado marcos normativos orientados a reducir residuos, aumentar el reciclaje y responsabilizar a los productores, sin convertir la política ambiental en una simple fuente de cobro.
Las leyes ambientales deben cambiar conductas, no convertirse en mecanismos de recaudación. Cuando una legislación grava de manera parecida a quienes tienen impactos ambientales distintos, corre el riesgo de perder legitimidad social y generar resistencia.
La República Dominicana necesita una política moderna de residuos sólidos. Una política donde la responsabilidad sea proporcional, la gestión sea transparente y el dinero recaudado se traduzca en calles más limpias, ríos saneados, vertederos transformados y economía circular.
De lo contrario, la ciudadanía terminará preguntándose si se aprobó una ley para proteger el medio ambiente o para recaudar más.
