Por Altagracia Paulino
Un pacto no vale por la calidad de las firmas que contiene, sino por la convicción de quienes lo suscriben de que será cumplido.
En medio de una nueva crisis en el suministro de energía, la comisión que estudia el Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social, CES, se reunió el viernes 31 de julio. Participamos en esa reunión en representación del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, ONPECO.
Allí reivindicamos el derecho a saber, que asiste a todos los ciudadanos sobre lo que ocurre en el sector eléctrico. Los usuarios no han sido suficientemente informados acerca del cambio de medidores, de las razones de las altas facturaciones ni del regreso de los apagones que, en algunas zonas del país, se prolongan hasta por tres días.
Para que el Pacto Eléctrico tenga efectividad, debe colocar en el centro de su razón de ser a los consumidores y usuarios del servicio.
También debe primar la transparencia. Cada compromiso tiene que ser público, medible y sujeto a plazos definidos.
La población tiene derecho a conocer qué se prometió, quién debe cumplirlo y en qué fecha. Los pactos que permanecen en los escritorios terminan perdiendo legitimidad.
El acuerdo debe ser evaluado periódicamente con participación ciudadana. Cada actor debe explicar qué ha cumplido, qué mantiene pendiente y cuáles razones le impidieron honrar su palabra.
Si nadie responde por los compromisos incumplidos, el pacto se convierte en una declaración de buenas intenciones. No siempre se requieren sanciones legales. También existen sanciones políticas, institucionales y de reputación, mediante informes públicos que evidencien quién cumplió y quién no.
El éxito del pacto no debe medirse únicamente por la cantidad de energía generada, sino por lo que experimenta el ciudadano: menos apagones, facturas comprensibles, tarifas razonables, atención eficiente y confianza en el sistema. La energía existe para servir a las personas, no al revés.
El CES debe convertirse en el garante moral del pacto. No solo como espacio de diálogo, sino como custodio de la memoria institucional. En nuestro país abundan los acuerdos que cambian o se abandonan con cada administración. El Consejo debe recordar permanentemente a gobiernos, empresas y organizaciones que los compromisos trascienden los períodos gubernamentales.
La crisis eléctrica no solo apaga los bombillos. También apaga la confianza ciudadana, uno de los males más graves que arrastramos. Cuando una sociedad pierde la confianza, ningún sistema funciona plenamente.
En el país también se forman comisiones de veeduría, pero no se conocen informes convincentes sobre sus resultados. Es necesario revisar esas comisiones y establecer un sistema creíble de información con resultados medibles.
El Pacto Eléctrico debe generar confianza. Esta nace de la transparencia, se fortalece con la rendición de cuentas y se consolida cuando los compromisos se cumplen. Sin voluntad de cumplimiento, ningún acuerdo cambiará la realidad.
La crisis de credibilidad que vive el país no se resolverá con nuevos discursos, sino con instituciones que demuestren, día tras día, que la palabra empeñada tiene valor. Ese debe ser el mayor aporte del CES: convertir la concertación en cumplimiento efectivo.
Esa vigilancia ciudadana ayudaría a impedir que los compromisos vuelvan a diluirse entre excusas, silencios administrativos y cambios de gobierno.
Las instituciones que componen el Consejo Económico y Social deben asumir el compromiso y el deber moral de reconstruir la confianza sobre la base de la verdad, la transparencia y el cumplimiento.
