Cuando mi padre y mis tíos vendían sus cosechas a intermediarios que iban en camiones hasta donde la carretera se lo permitía, sentían que algo no funcionaba bien, era mucho el esfuerzo para producir, sobre todo esos frutos de temporadas que hay que esperar un año para cosecharlos.
Llegar hasta el lugar donde los intermediarios iban a recoger las cosechas, implicaba un extraordinario esfuerzo: recolectar, empacar, cargar mulos, caballos, burros hasta llegar a “lo claro” a vender -me imagino que a precios muy bajos porque era muy pequeña para conocer las transacciones- todo lo que era vendible para satisfacer la demanda de la gente de la ciudad a quienes los “intermediarios” disponían a qué precio vender dependiendo de la demanda de las ofertas con que abastecían los comercios de la ciudad.
Me resultaba extraño cómo iban a bajar de las matas las frutas para trasladarlas a la ciudad y cuan sorprendida me sentía cuando descubrí que las naranjas agrias tenían precio, pues en mi casa las regalaban.
Para los agricultores resultaba deprimente, tanto laborar para vender a bajo precio y ver como el fruto de su esforzado trabajo le costaba al consumidor de la ciudad hasta 10 veces más que el precio al que habían vendido.
Esa situación no ha variado mucho y siguen siendo los pequeños productores, que todavía no se resignan a abandonar sus predios, los que abastecen la demanda de la mayoría de la población; y dada esta situación, en el 2013 los poderes públicos crearon la Ley 108-13 que instauraEl MERCADOM y el RENA, un ente estatal, con el propósito de establecer y operar una nueva y adecuada política de gestión de mercados y mataderos regionales, a fin de que los productos lleguen a los consumidores a precios justos y en condiciones optimas de higiene y calidad.
El MERCADOM tiene a su cargo modernizar todo el sistema de expendio de productos agropecuarios a través de mercados centrales y regionales, donde los productores pueden acudir directamente a vender sus cosechas, lo que redundaría en beneficios para ellos y los consumidores.
En países como el nuestro, son las pequeñas y medianas empresas, tanto de manufacturas como de producción agropecuaria, las que proveen la demanda del gran mercado interno, porque los grandes productores miran más hacia las exportaciones.
Un gran administrador y gestor podría tomar la ley en sus manos, aplicarla y establecer mercados para productores en las principales ciudades; es muy posible que los alimentos lleguen a precios justos a los consumidores y los productores sentirían que vale la pena sembrar y ver realizado el sueño de cosechar para alimentar a la población, cubrir los gastos de sustentación de sus familias y volver a producir.
La Ley 108-13 es un marco legal que evitaría que sean los intermediarios los que impongan los precios de los alimentos, y como el “libre comercio” impide que el gobierno los fije, se presenta una oportunidad de oro para que los productores y los consumidores conjuguen la real alianza que debe existir entre ambos.
Dada la conformación del esquema de producción, el país puede perfectamente ubicarse en la tendencia del comercio justo para que productores y consumidores forjen una alianza solidaria, donde ambos sectores sean beneficiados de los frutos que nos da la tierra, hacer posible y sostenible la vida y cumplir así con lo pactado en la agenda de la ONU en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), en el Objetivo 12: “Producción y Consumo Sustentable”. Es un compromiso.
Por Altagracia Paulino
Fuente: El Periódico Hoy
