Por Altagracia Paulino
En los últimos días ha llamado la atención la información sobre inversiones de los fondos de pensiones en empresas privadas. Se habla de miles de millones de pesos colocados en bonos, acciones y fideicomisos.
Algunas informaciones han presentado esas operaciones como préstamos, aunque jurídicamente no todas corresponden a esa categoría.
Preguntar por el destino del dinero que millones de trabajadores ahorran obligatoriamente para su retiro amerita una información objetiva, transparente y convincente.
Entendemos que los fondos de pensiones deben invertirse. No tendría sentido que permanecieran improductivos. La legislación establece mecanismos para hacerlo y existen organismos responsables de regular, clasificar, supervisar y fiscalizar esas inversiones. Las administradoras de fondos de pensiones toman decisiones dentro de ese marco. Pero cuando el ciudadano, dueño de esos ahorros, no puede entender con facilidad dónde está su dinero, qué riesgos se están asumiendo y qué obtiene a cambio, aparecen la opacidad y la duda legítima.
Si miles de millones de pesos pertenecientes a los trabajadores son colocados en instrumentos vinculados a empresas privadas, los afiliados tienen derecho a conocer cómo fueron seleccionadas esas inversiones, quién evaluó el riesgo, qué rendimiento producen, qué garantías existen, qué sucede si una empresa no puede cumplir sus compromisos, cuánto puede concentrarse en determinados grupos empresariales y quién responde ante los afiliados.
Conocer todo esto es un simple ejercicio de derecho ciudadano. Las inversiones corresponden al régimen establecido por la ley para los fondos administrados por las AFP y están sometidas a supervisión y a límites establecidos por las autoridades competentes. Precisamente por eso, la sociedad tiene derecho a conocer cómo funciona ese sistema y cómo se protege el ahorro acumulado durante años de trabajo.
La transparencia no puede quedar reservada a especialistas capaces de descifrar prospectos financieros. El trabajador que cotiza todos los meses tiene derecho a saber, en términos comprensibles, cuánto tiene acumulado, dónde se invierte, cuánto rendimiento obtiene su dinero por cada operación y qué nivel de riesgo implican esas inversiones.
Cuando no hay información suficiente, aparece el espacio para la suspicacia. Y es sumamente cuestionable que los dueños del dinero se enteren por los medios de comunicación cuando se efectúa una operación que los involucre sin una explicación satisfactoria.
El ahorro de los trabajadores puede contribuir a la generación de beneficios mediante inversiones que pueden propiciar empleos, producción y crecimiento. Pero una cosa es invertir responsablemente y otra muy distinta es pedirle al ciudadano que confíe a ciegas.
El dinero de las pensiones no es dinero abstracto. Son horas de trabajo, sacrificios, salarios y años de cotización. Es el futuro de personas que hoy trabajan y que algún día necesitarán esos recursos para vivir con dignidad.
Necesitamos menos explicaciones técnicas, pero sí transparencia y, más que silencio, rendición de cuentas.
La Seguridad Social debe generar confianza. Esta no se construye solamente con regulaciones, supervisores y balances. Se construye permitiendo que cada afiliado comprenda qué ocurre con el patrimonio que ha formado durante toda su vida laboral.
Ante las dudas y la incertidumbre, es oportuno que los poderes públicos se aboquen a revisar la Ley 87-01 para fortalecer los mecanismos de información a los verdaderos dueños de esos fondos: los trabajadores.
Saber dónde está su dinero, cómo se invierte, cuánto produce y qué riesgos asume no es un favor. Es un derecho.
