Por Altagracia Paulino
El agua de nuestro país ha sido amenazada de manera permanente, primero los depredadores de siempre, los cortadores de árboles en las cercanías de los ríos y arroyos (la ley dice que 0.5 km. a la redonda no debe cortarse un árbol); luego vinieron las mineras, las cuales consumen una gran cantidad de agua; después los sembradores de aguacates, los que ignoran que la cordillera Central es la madre de las aguas y ahora los que la ven como una mercancía que hasta se puede cotizar a futuro en Wall Street.
Otros la ven como la salida a la crisis económica del país, traspasando su manejo y control al sector privado, las presas, incluso vendiendo acciones de la empresa que maneja las hidroeléctricas, una de las pocas empresas rentables del país.
La otra amenaza es la erosión de los suelos, el sedimento de las presas existentes, la pérdida del 50% de las lluvias por falta de almacenamiento y el crecimiento de la demanda de la población.
Esto amerita una solución, pero ¿Qué pasaría si venden las presas? Primero se pondría en peligro la seguridad y soberanía alimentaria; gran parte de las aguas de las presas se distribuye para la producción agrícola, el “dueño” que la adquiriría, la vendería a los acueductos y a los productores a precio de mercado.
El agua es un bien protegido por la Constitución de la República y por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, y en el literal b, del artículo 2 del decreto 655-21, que crea el Pacto Eléctrico, le reconoce el monopolio del Estado sobre las hidroeléctricas.
Salvar el agua es preservar la principal riqueza con que cuenta el país, es nuestro tesoro, con un valor mucho más elevado que el oro. Nada de receta de privatización, debe invertirse para que el agua llegue a todos con la visión de que es un derecho humano garante de otros derechos como la salud, la alimentación y la dignidad.
Buscar dinero para salvar el agua no deberá comprometer ese recurso, sino pensar como una nación que tiene compromisos a largo plazo con todas las generaciones por venir que no perdonarían jamás enajenar ese bien.
Hace más de 20 años reposan en el Congreso dos leyes: una ley general de Agua y otra de Agua y Saneamiento, también numerosos diagnósticos y la inversión que debería hacerse para recuperar el recurso. En ninguna de las propuestas se habla de reservorios para aprovechar las lluvias, sobre todo en las zonas de mayor pluviometría como Hato Mayor, Samaná, Miches, Sabana de la Mar donde siempre llueve. Se necesitan las dos leyes, pero las mismas deben contemplar el agua como derecho no como mercancía.
Si se regulariza, el agua alcanzaría para pagar toda la inversión que se haga para salvarla como bien público que es, hasta vendiéndola en botellas a precio justo, a los usuarios nacionales y extranjeros, pero siempre manejada desde la administración, nunca por un “dueño”. Se recuperaría la inversión y tendríamos una marca país.
