ALTAGRACIA PAULINO
“La concesión, una forma indebida del uso y aprovechamiento del agua” es un tratado sobre el tema de la experta Elisa Palomino, profesora de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAN), que nos recuerda el recurso agua vinculado al origen de la vida y,después del aire, el liquido vital para la conservación de los seres vivos.
El agua es un bien público, ahora amenazado porque la Ley de Agua aprobada recientemente en el Senado plantea la concesión del recurso que, aunque renovable, es precario en el país por la degradación y desaparición de ríos y ecosistemas vinculantes por la forma irracional con que lo hemos manejado.
El agua es un recurso natural que no es susceptible de apropiación porque es un bien común e inalienable, de dominio público y propiedad de todos los dominicanos.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), que de acuerdo con la Ley tendrá la gerencia del agua, puede perfectamente administrar debidamente el recurso sin tener que concesionar ni una gota, porque sencillamente la necesitamos para garantizar la seguridad alimentaria y la vida.
El proyecto de Ley de Agua adolece de otras fallas, por ejemplo, no precisa nada de la extracción de materiales de los ríos, que es en gran medida culpable de la masacre que han sufrido importantes ríos del país.
El agua dulce es un recurso valiosísimo que debe ser preservado, si está concesionado perderíamos el dominio sobre el mismo. El agua es un derecho y el principal alimento de los humanos según especificaciones de la ONU.
El INDHRI podría perfectamente administrar el recurso. La figura de la concesión se reserva para aquellos bienes que la administración no puede manejar por carecer de los instrumentos tecnológicos para su explotación.
Como derecho, el agua debe llegar a todos los dominicanos y tiene que ser regulada para abastecer a los consumidores a precio justo.
El proyecto es bien delicado, no podemos dar en concesión un recurso tan valioso, y como siempre, al parecer hay sectores muy interesadosen que la pieza pase en un momento de crisis, es como para que la distracción amarrara con una ley la única mina que poseemos y quepodemos manejar si legislamos correctamente para regular el manejo del agua dulce que nos queda.
La Ley dedica el capítulo III y 24 artículos con numerosos literales y numerales a las concesiones, incluso a un plazo de 20 años. ¿Y a quien no le gustaría disponer durante 20 años de agua dulce, y hacer con ella todos los negocios posibles?
A la actual administración, le cabría la condena de las futuras generaciones si la propuesta de ley es aprobada como esta. Los niños que nacen hoy, en 20 años, podrían no tener acceso al agua si se aprueban las concesiones.
Las demás cuestiones referente a la Ley, como declarar el agua del territorio como dominio público está bien, pero carece de precisiones sobre las excavaciones para extraer material de los ríos. La Ley debe ser dura con este aspecto, ya que los granceros pertenecen al grupo de los intocables.
Ojalá que los congresistas de la Cámara de Diputados piensen en el futuro de la isla, en sus hijos y nietos y en las amenazas que significa concesionar el agua como forma de aprovechamiento del bien, si existen otras alternativas para administrarla.
