La salud es un derecho que debe protegerse de voracidad del mercado

Por: Altagracia Paulino

 

La globalización y la liberación de los mercados han provocado de manera sostenida una alienación y percepción errónea de los derechos y conquistas logradas por la humanidad desde hace 69 años, cuando se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este llamado nuevo orden económico, muchos de los derechos, que por demás son conquistas de la humanidad, aparecen como bienes y servicios que alejan a los beneficiarios de la posibilidad de acceso a los mismos.

En este renglón aparecen dos derechos fundamentales, como el de la salud y la educación, que en la actualidad son contemplados como servicios que fomentan la segregación, la discriminación y amplían la brecha de la desigualdad.

En el caso de nuestro país, estos derechos ya no aparecen como tales porque, si bien es cierto que la Constitución de la República los protege, los prestadores de esos dos servicios del sector privado compiten de manera desleal con el Estado, que está llamado a garantizarlos.

Los dueños de colegios y de hospitales privados, cuando se les enrostra que violan la Constitución, como el caso de los rebotes en las emergencias en esos centros cuando el seguro médico no le cubre o no está afiliado, alegan que las leyes del mercado los protegen; lo mismo ocurre en los colegios privados cuando embargan las notas de los alumnos por algún tipo de atraso en el pago.

Al no estar debidamente garantizados estos derechos fundamentales, el Estado, que aparece como regulador en el libre mercado, condición que se le ha permitido para evitar que los más débiles sean víctimas de la voracidad del mismo, no debe ni puede delegar, y mucho menos renunciar a esa potestad, y asumir la defensa de los más vulnerables como parte de su misión garantista de esos derechos.

Si asumimos estos derechos como “servicios”, lo cual dista mucho de las intenciones consagradas en la defensa de la dignidad humana proclamada en la declaración del año 1948, los mismos deben ser por lo menos, ofrecidos de manera honesta, con calidad y sin exclusión.

Resulta que en los hospitales no hay medicamentos; los seguros médicos tienen limitadas las medicinas, de tal manera que si el enfermo requiere más de lo que el seguro garantiza, debe buscar a como dé lugar la parte restante. En muchos casos, el medicamento indicado no está en el centro asistencial y hay que salir a buscarlo al precio del “mercado” y ¡vaya las leyes del mercado! tan salvajes como el sistema que las ha engendrado.

Ahora que se reabrió el diálogo entre el Gobierno y el Colegio Médico es pertinente que se incluya un compromiso entre las partes para que los servicios en los hospitales sean vistos como un derecho humano, donde se garantice y respete la dignidad de las personas que por algún padecimiento han acudido en busca de salud y calidad de vida. Es un derecho por el cual también debemos hacer ciudadanía responsable y reclamarlo como tal.

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