Por: Altagracia Paulino
En el 2015, Francia se adelantó a las directrices del Consejo Económico y Social Europeo, que dictaminó la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor, como ejes fundamentales para recuperar la confianza en los productos europeos y garantizar la seguridad jurídica.
El dictamen, aboga por “la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato y recomienda a las empresas que faciliten la reparación de los mismos produciendo las piezas de reemplazo como garantía para la producción y los empleos sostenibles”. La ley francesa o “ley de Transición Energética” incluye medidas contra el despilfarro, la reducción de residuos en origen y la obsolescencia programada, la cual es sancionada con dos años de prisión y multas desde 300 mil euros.
La decisión contenida en el Código de consumo de Francia, tiene como objetivo la transformación de los modos de producción y consumo hacia un modelo más sostenible, previsto en el marco del derecho de la Unión Europea.
La normativa europea, concretamente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, implica la promoción de productos durables y reparables.
Toda esta información viene al caso a propósito de mi entrega de la semana pasada, en la que nos referimos a la obsolescencia sicológica, que es la que motiva a los usuarios a ver los aparatos tecnológicos como obsoletos e inducir a la adquisición de la compra de los nuevos dispositivos. La empresa tecnológica APPLE, tras reconocer que había ralentizado las baterías de los viejos iphone, se disculpó; mientras que Francia abrió una investigación preliminar por “obsolescencia programada” y “engaño” contra el fabricante japonés de impresoras Epson.
El grupo “Halte á l’obeolescenece programmeé (HOP)” o “basta contra la obsolescencia programada”, había denunciado las técnicas de los industriales para, según ellos, obligar a los consumidores a comprar cartuchos de tinta. Este grupo había presentado denuncias contra otras empresas productoras de impresoras a finales de septiembre del pasado año.
La información recopilada sobre lo que ha decidido el Consejo Económico y Social Europeo es muy alentadora, porque todo lo referente a las disposiciones están enmarcadas dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y los acuerdos para la protección de la vida en el planeta, como es el Acuerdo de París.
Este organismo, conocido por sus siglas “CESE”, es un órgano consultivo de la Unión Europea, que se ocupa de la emisión de dictámenes sobre proyectos legislativos. Es un órgano tripartito compuesto por los empresarios, los sindicatos y distintos grupos de la sociedad civil, incluyendo a representantes de las asociaciones de consumidores. Estas directrices sobre la obsolescencia programada son alentadoras porque contribuyen con la garantía de empleos sostenibles, la apertura de talleres de reparación, y obligan a los fabricantes a producir las piezas de reemplazo, algo de lo que se adolece en estos tiempos donde todo se tira, volviendo el planeta en un basurero y exponiendo la vida de las generaciones por venir.
(1) fuentes:www.prensa.com.wwwequidad.org www.nuevatribna.es, María Rodríguez, María José Meseguer.
