El ONPECO: dos años después

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Cuando un niño cumple dos años, apenas comienza a andar sus primeros pasos, un poco medio vacilante y bajo la mirada aprensiva de sus padres, que no quieren que se caiga, porque un golpe duro puede afectar el crecimiento sano de la criatura a quien se debe cuidar con denuedos para impulsar su desarrollo. su crecimiento y sano desarrollo.

Eso ocurre con el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), un colectivo formado por personas, instituciones, y asociaciones amigas, nacionales e internacionales, con objetivos comunes de cara a los ciudadanos.

Los consumidores del siglo XXI son los ciudadanos en su relación con el mercado. Es el resultado del mundo globalizado, donde el libre comercio ha impuesto sus reglas de juego, poniendo en el foco al consumidor como sujeto de derecho y protección ante las imperfecciones del mercado.

Las reivindicaciones de los consumidores del pasado siglo posibilitaron que los gobiernos asumieran leyes y normas que hoy son costumbres y se trabaja cada día más con la intención de perfeccionarlas; reglas como las del etiquetado honesto, la norma de denominación de origen, la rastreabilidad de los productos, la calidad de todo lo que va destinado al consumidor, la información veraz y suficiente, entre otras. En la parte legal, se han elaborado nuevos códigos, modificado las leyes que se han actualizado y el derecho del consumidor es constitucional en casi el resto del mundo.

Ante todas estas novedades, tenemos al consumidor del siglo XXI, un ciudadano bien informado y que demanda cada vez más transparencia y más información sobre los contenidos de los bienes y servicios que les son útiles para mantenerse con calidad de vida.

No obstante a esto, tenemos también una buena franja de seres humanos que no han alcanzado el principal de los derechos del consumidor “el derecho a satisfacer sus necesidades básicas”. La brecha de la desigualdad se ensancha, y las carencias y marginalidad nos presentan una especie de dos mundos distintos, en el que tenemos que habitar, con una mala distribución de las riquezas y bienes y servicios diferenciados: unos para ricos y otros para pobres, como es el caso de los servicios médicos y los medicamentos.

Los seres humanos somos sujetos de derechos fundamentales como a la vida, a la alimentación, a la educación, a un sistema de transporte digno, a una seguridad social cuya cobertura sea desde que nacemos hasta el final de nuestros días, y a un sistema de pensión donde todo el adulto mayor tenga garantizado un retiro digno.

El consumidor de este siglo demanda participación en las tomas de decisiones y está involucrado en temas como el medio ambiente, los desechos sólidos, el cambio climático, los derechos económicos y sociales, y en todo lo que le afecte en sus propósitos de preservar la vida y sus intereses.

El tema de competencia, y de la regulación de los mercados de consumo, son temas de los consumidores, igual que el derecho a saber todo lo relacionado con los ahorros y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros.

En la República Dominicana los derechos de los consumidores están por alcanzarse en su mayoría, comenzando por la información de los productos, los bienes y los servicios en el idioma español, la revisión y aplicación de leyes que protegen al ciudadano, los cuales no son debidamente informados convirtiéndose en víctimas, muchas veces, de quienes las  vulneran en contra de sus intereses.

La Seguridad Social, es el tema que dio origen al surgimiento del ONPECO. En estos dos años, hemos visto crecer el descontento con el sistema, sus fallas, las violaciones a la ley y al derecho fundamental a la salud.

Eso nos ha convocado a plantearnos seriamente la participación en la modificación de la Ley número 87-01; que el Congreso abra vistas públicas para que escuche a todos los afectados. Que la ley prevea en el Consejo la participación con voz y voto de la DIDA, para que sea un ente donde se escuchen todas las voces, no solo las interesadas en que el sistema le sirva a las ARS y a las AFP, sino a los que fueron y son el objetivo principal de la ley, garantizar un sistema de seguridad social integral para todos los dominicanos, sin discriminación de edad, raza y de ningún tipo.

Por Altagracia Paulino

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