Por: Altagracia Paulino
Si una persona sabe leer en el sentido estricto de la palabra, está en capacidad de insertarse al mercado laboral, de entender y hacerse entender y lo más importante, poder conocer todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología, y hasta de llegar a ser un científico autodidacta si tiene la capacidad de comprender todo lo que lee.
Un reciente informe de la UNESCO, revela que en América Latina y el Caribe una considerable proporción de los jóvenes graduados de bachiller no alcanzan los niveles de eficiencia requerida en capacidad lectora.
De acuerdo con el informe, 19 millones de adolescentes van a la escuela pero no aprenden, y de este total, en nuestra región el 36 por ciento se encuentra en esa situación, y a los que han sido calificado como los nuevos analfabetos.
Otro informe de la UNESCO referido a la evaluación del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible, que pretende asegurar una educación gratuita y de calidad para todos en el 2030, indica que en la actualidad existen 264 millones de niños y jóvenes sin escolarizar de los cuales el 70 por ciento corresponde a los países de África Subsahariana y Asia Meridional. En América Latina y El Caribe, estamos mejor situados en el referido informe por la inversión que se ha logrado en la educación, por la inclusión sin discriminación por sexo, como ocurre en otras regiones del planeta.
En este informe, dado a conocer la semana pasada, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura señala a los gobiernos como los primeros responsables de garantizar una educación universal y de calidad y los conmina a rendir cuenta a los ciudadanos.
El contexto de desigualdad deberá ser cambiado para garantizar el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible al que se han comprometido las naciones miembros de la ONU. El organismo atribuye a la corrupción y a la falta de transparencia parte de las grandes fallas en el sistema educativo.
Propone la creación de un “organismo independiente que supervise las políticas educativas, establecer mecanismos de rendición de cuentas, disponer de normas fiables y reconocer la educación como un derecho exigible judicialmente, como forma de garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad”.
Recomienda, también, que organismos de Defensor del Pueblo podrían ser los que supervisen el cumplimiento del compromiso con esos objetivos, y nosotros agregamos el cumplimiento de la ley de Educación, la inclusión de leyes y organismos vinculantes como PROCONSUMIDOR.
