Publicado por el periódico Hoy, este viernes 25 de Mayo.
Soñar, creer y luchar hasta el final por lo que se cree ha sido el plan que han diseñado todas las personas que se han propuesto como meta contribuir desde sus espacios a producir cambios, aun sean pequeños, pero que sirven para marcar la diferencia entre los que inspiran a otros para seguir sin desmayo y los que no hacen nada.
Nuestra joven democracia ha alcanzado grandes logros, pero no ha sido así en el marco de su desarrollo institucional.
Después del renacimiento de la democracia, con el derribo de la dictadura, el plan de los nuevos legisladores se convirtió en hacer leyes que permitieran reglamentar el nuevo orden institucional que se imponía tras 31 años de dictadura. Así surgió la Constitución del 1963, con un perfilado corte liberal y conocida como la más completa de la historia, y por la que cuando el pueblo entendió su grandeza, produjo una revolución por volver a ella: la revolución de abril del año 1965.
El sentido de este discurso se lo escuché en varias ocasiones al doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, a propósito de las celebraciones del Día de la Constitución, el 6 de noviembre de cada año.
Hemos confiado en el compromiso que implican las vehementes palabras del magistrado al hablar de la Constitución y del Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que el Tribunal Constitucional es una instancia para garantizar los derechos constitucionales de todos los dominicanos, que incluyen el buen funcionamiento y fortaleza de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de las les leyes y los derechos fundamentales.
El nuevo orden económico mundial trajo consigo el libre mercado. Esto implicó un cambio abrupto en el ordenamiento jurídico, porque había que tomar en cuenta las nuevas normas a la que estamos expuestos y hacer posible que los más débiles de la cadena de suministro, los consumidores, fueran víctimas de las imperfecciones del mercado.
Así nacieron leyes novedosas en todo el mundo, como la de protección a los derechos del consumidor y la que regula la competencia, la propiedad industrial y la propiedad intelectual entre otras reglas acorde con el nuevo orden.
Estas normas dieron origen a entidades como PROCONSUMIDOR Y PROCOMPETENCIA, dos instituciones con un mismo propósito en sus enunciados: defender los derechos de los ciudadanos en su relación con el mercado: los consumidores.
PROCONSUMIDOR tuvo muchos tropiezos para hacer cumplir la ley, porque sectores muy poderosos le querían desconocer las facultades institucionales para aplicar la ley como son la sanción y multas previstas en la misma.
Uno de esos reveses surgió en el Tribunal Superior Administrativo el 29 de mayo del 2013, cuando tras haber conocido 17 amparos favorables a Pro Consumidor, se decanta por desconocer la facultad sancionadora, lo cual fue subsanado por la Suprema Corte de Justicia con la sentencia en casación 184-14.
Las sentencias emitidas por la SCJ fueron sometidas a un proceso de revisión ante el TC por sectores que se resisten a reconocer la potestad sancionadora que le asigna la Ley 358-05 que crea a Pro Consumidor, y desde el 2015 están en estado de fallo.
