NOTA PRENSA INSTANDO A GOBIERNO Y SUBSECTOR ELÉCTRICO A RESOLVER PROBLEMA ELÉCTRICO

FUNDECOM cuestiona que la licitación pública organizada por el INTRANT para operar corredor de la Abraham Lincoln se haga por 21 años.

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La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), instó Al Gobierno y a las autoridades eléctricas a explicar las razones por las que se sigue gastando tanto dinero en subsidiar a las tres distribuidoras eléctricas EDEESTE, EDENORTE y EDESUR, a pesar de la entrada en vigencia de las dos plantas eléctricas de Punta Catalina.

FUNDECOM recordó que el Gobierno y las autoridades eléctricas habían prometido que con la entrada en operación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina se le pondría fin a los apagones, se reduciría la tarifa eléctrica en un 30% y por tanto, las tres distribuidoras eléctricas tendrían economías más holgadas, lo que reduciría de manera significativa el subsidio eléctrico, que sin embargo sigue siendo elevado y está llevando a esas distribuidoras a endeudarse con la banca nacional y a pasar parte de la deuda con los generadores a deuda pública.

La organización de defensa de los derechos de consumidores y usuarios dijo que una de las razones para someter un presupuesto complementario que fue recientemente aprobado en el Congreso Nacional, fue precisamente para financiarles 495 millonesdólares a corto plazo a las distribuidoras eléctricas, cuyo objetivo es pasarlo a deuda pública, amén de los 33 mi millones de pesos de facturas acumuladas por compra de energía y que se encuentran pendientes de pago.

FUNDECOM concluyó llamando al Gobierno y a las autoridades eléctricas a ajustarse al mandato de la ley 125-01 general de electricidad, de fecha 26 de julio de 2001 y a la ley 57-07 de energías renovables, de fecha 7 de mayo de 2007, para que vayamos hacia un sub sector eléctrico eficiente, que brinde un servicio de primera a la sociedad, que compense a los usuarios por las horas de apagones no justificados y que en vista de que Punta Catalina fue financiado íntegramente por el Gobierno, la propiedad se mantenga como pública, puesto que reporte beneficios mínimos de 450 millones de dólares anuales.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de noviembre de 2019.

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